Abogado penalista Juan Pablo Montiel explica el alcance y las próximas fases del proyecto de reforma de la Ley del TSJ.
La propuesta aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional busca otorgar mayoría a la representación social en el Comité de Postulaciones Judiciales, pero aún debe someterse a consulta pública y segunda discusión.
El abogado penalista Juan Pablo Montiel explicó los alcances del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), recientemente aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, y destacó la importancia de que la ciudadanía conozca las fases legales que faltan por ejecutarse antes de su aplicación definitiva.
Montiel detalló que el eje central de la propuesta es la modificación del artículo 65 de la norma, el cual regula la integración del Comité de Postulaciones Judiciales. En la actualidad, esta instancia está conformada por 21 miembros (11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil). La reforma plantea elevar la cifra total a 23 integrantes, manteniendo la cuota parlamentaria e incrementando a 12 los voceros sociales, con lo cual la representación ciudadana pasaría a tener mayoría numérica dentro del comité.
Ruta legislativa y participación ciudadana
El jurista enfatizó que la aprobación en primera discusión es solo el inicio del trámite. A partir de este momento, la Comisión Permanente competente cuenta con un lapso constitucional de hasta 30 días continuos para presentar el informe correspondiente. En dicho período deberá realizarse la consulta pública exigida por el artículo 211 de la Constitución, previo al retorno del texto a la plenaria para la segunda discusión artículo por artículo.
De ser sancionada, la ley deberá superar el control de constitucionalidad por su carácter orgánico antes de su promulgación y publicación en Gaceta Oficial.
Respecto al proceso de selección de magistrados, Montiel recordó que la convocatoria pública para aspirantes debe permanecer abierta por un mínimo de 30 días continuos. Una vez publicada la lista de postulados, se abrirá un lapso de 15 días para que cualquier ciudadano pueda presentar impugnaciones debidamente fundamentadas. El listado preseleccionado por el Comité será remitido al Poder Ciudadano para una segunda evaluación antes de la designación final a cargo del Parlamento.
Transparencia e independencia
“El verdadero resultado de esta reforma dependerá de la transparencia del procedimiento, de la independencia de los candidatos y de su compromiso con la Constitución. Todo cambio que contribuya a democratizar y fortalecer el sistema de justicia debe ser respaldado”, aseveró el especialista.
Finalmente, Montiel concluyó que la administración de justicia en el país requiere magistrados comprometidos exclusivamente con la Carta Magna, alejados de intereses gubernamentales, partidistas o particulares.
