Machado: “Vamos a dejar claro en el documento que introdujimos que no estoy inhabilitada

La opositora María Corina Machado pidió este viernes 15 de enero a la justicia revisar una inhabilitación que le impediría postularse contra el presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024 en Venezuela, en el último día del plazo dado para ello en una negociación mediada por Noruega.

#AhoraVPItv | «Lo que he ratificado hoy es que no existe una inhabilitación, porque a mí me habilitó la gente (..) yo estoy habilitada, yo seré la candidata», precisó @MariaCorinaYA.

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— VPItv (@VPITV) December 15, 2023
«Nadie nos saca de la ruta electoral. Ahora está la pelota del lado de Maduro y Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no cumple con los acuerdos que ha asumido con actores de la comunidad internacional», dijo Machado a la prensa a su salida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Delegados de Maduro y la oposición anunciaron el pasado 30 de noviembre, en el marco de un acuerdo firmado en Barbados con vistas a las presidenciales, «un mecanismo» para que inhabilitados que «aspiran a postularse» acudiesen entre el 1 y 15 de diciembre al TSJ a solicitar la revisión de sus casos.

#AhoraVPItv | «Vamos dejar claro en el documento que introdujimos que no estoy inhabilitada, que ese es un acto inexistente y que el recurso que introdujimos es una demanda de reclamación por vía de hechos «, afirmó @MariaCorinaYA.

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Machado, quien arrasó en las elecciones primarias de la principal alianza opositora, había negado hasta el jueves que fuese a recurrir ante el TSJ, acusado por amplios sectores de la oposición de estar al servicio del gobierno chavista.

«Están buscando excusas para impedir contarse conmigo», declaró frente a la corte. «Estoy habilitada por los venezolanos. No hay excusas», agregó en referencia a su amplio triunfo en las primarias opositoras.

Vieja arma del gobernante chavismo contra opositores, que las consideran ilegales e inconstitucionales, las inhabilitaciones son ordenadas por la Contraloría.

La ley faculta a ese organismo para tomar medidas administrativas contra funcionarios investigados, pero la Constitución establece que solo una sentencia judicial «definitivamente firme» impide aspirar a la presidencia.

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