Abogado Juan Pablo Montiel advierte sobre la «automaticidad» de la privación de libertad en Venezuela

En un contexto marcado por anuncios de reformas legales y posibles leyes de amnistía, el abogado penalista Juan Pablo Montiel alzó la voz para exigir una revisión estructural del sistema de justicia venezolano.

El jurista advirtió que la legalidad y el debido proceso enfrentan una crisis de efectividad que trasciende los cambios normativos y se manifiesta en la cotidianidad de los tribunales.

Para Montiel, uno de los puntos más críticos es la persistencia de detenciones ejecutadas sin orden judicial ni flagrancia real. El abogado denunció que ciudadanos son trasladados a dependencias policiales bajo condiciones de retención ilegal, situaciones que en ocasiones derivan en prácticas de extorsión.

“Eso constituye un delito. No puede tratarse como un trámite lento; exige una respuesta inmediata del Estado”, sentenció Montiel, subrayando que estos abusos de autoridad deben ser procesados con la urgencia que la ley dicta para casos de flagrancia.

El penalista puso especial énfasis en el desvirtuamiento de las audiencias de presentación. Según su análisis, estos actos se han transformado en formalismos donde la privación de libertad se decreta de forma casi automática.

“El juez está obligado a revisar si existió orden judicial o flagrancia real. Cuando ese control no se ejerce, la prisión deja de ser una medida excepcional y se convierte en la regla”, explicó.

Montiel aclaró que, si bien el Ministerio Público cuenta con fiscales especializados en derechos humanos, la acción fiscal no es suficiente si la respuesta ante los abusos es “lenta o diferida”.

Al ser consultado sobre los presos políticos, el abogado pidió ampliar el foco del debate. Sostuvo que, más allá de los casos con visibilidad mediática, existe una “realidad invisibilizada” de ciudadanos sin vinculación política que permanecen detenidos sin elementos de convicción mínimos.

“La legalidad debe garantizarse para todos. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda ante la justicia”, afirmó, denunciando lo que considera una marcada selectividad del sistema penal.

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