El abogado y defensor de derechos humanos José Vicente Faría Labarca denunció que él y su familia son víctimas de persecución política por parte de las autoridades venezolanas, luego de que denunciara presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzadas atribuidas a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Según explicó, las denuncias fueron presentadas en marzo de 2025 y, días después, comenzaron las amenazas y el seguimiento a sus familiares. Afirmó que estas acciones lo obligaron a abandonar Venezuela y establecerse en España.

Faría sostiene que las actuaciones judiciales en su contra forman parte de un proceso de criminalización relacionado con su ejercicio profesional, debido a que representó legalmente a ciudadanos investigados en casos de alto perfil.

El abogado señaló que se le vinculó penalmente como supuesto socio de algunos de sus clientes y cuestionó las pruebas utilizadas por el Ministerio Público. También aseguró que su caso se sustenta en la declaración de un testigo protegido cuya credibilidad pone en duda.

Afirmó que su exposición pública, las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y su actividad social y política también contribuyeron, a su juicio, a las acciones de hostigamiento.

Denuncia irregularidades en el proceso judicial

Desde España, Faría manifestó preocupación por su seguridad y la de su familia. Sostuvo que las amenazas no se limitan al territorio venezolano y denunció la presunta participación de agentes en España en acciones de persecución.

También aseguró que las autoridades incautaron sus bienes y que las instalaciones de su bufete, Faria Corporación Jurídica Internacional, C. A., resultaron convertidas en un comando militar de la Guardia Nacional con calabozos.

En relación con su expediente, indicó que estuvo a cargo del entonces juez Ángel Betancourt Martínez, titular del Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas con competencia en terrorismo, quien terminó detenido en septiembre de 2025 por presuntos hechos de corrupción, según refiere la denuncia.

Faría también cuestionó el uso de la declaración de un testigo protegido, a quien identificó como una persona que recibió asistencia legal de su equipo de abogados en un proceso de extradición en Panamá en 2012. Según su versión, posteriormente surgieron diferencias por el pago de los honorarios profesionales.

El abogado aseguró que ha intentado denunciar a ese ciudadano por presunta falsa atestación ante funcionario público, pero que no ha podido hacerlo.

Solicitud de amnistía fue rechazada

Faría informó que solicitó acogerse a la Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2026 por la Asamblea Nacional, pero que su petición terminó rechazada dos meses después.