El Dr. Juan Pablo Montiel consignará pruebas ante la Asamblea Nacional para denunciar el «colapso» y la «corrupción judicial» en el estado Zulia

En una concurrida rueda de prensa ante diversos medios de comunicación, el abogado y especialista en derecho, Dr. Juan Pablo Montiel, alzó la voz para denunciar una profunda crisis estructural dentro del sistema de justicia venezolano, haciendo especial énfasis en las irregularidades que azotan al estado Zulia.

Durante su intervención, Montiel respaldó las afirmaciones hechas días atrás por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró de forma pública que el país irá “en serio” en su cruzada para investigar a jueces y fiscales corruptos. Según el jurista, la realidad que se vive en la región zuliana es el vivo reflejo de un problema sistémico que requiere una intervención y revisión inmediata.

El Dr. Montiel desglosó una serie de deficiencias graves que, a su juicio, mantienen paralizado el correcto funcionamiento judicial en la entidad. Entre los principales vicios señalados destacan:

Retardos procesales selectivos y formalismos extremos.
Inadmisiones sistemáticas y una centralización excesiva de los procesos.

Distribución irregular de causas junto a actuaciones procesales abiertamente contradictorias.

Creación de figuras jurídicas no previstas en la ley y barreras económicas insalvables para el ciudadano común.

“Estamos observando un colapso práctico de los mecanismos ordinarios de revisión judicial. Lo que ocurre en el estado Zulia no puede seguir siendo visto como un hecho aislado”, fustigó el jurista.

Uno de los puntos más críticos de su comparecencia fue el impacto social de esta crisis. Montiel argumentó que el sistema actual discrimina de forma flagrante a los sectores más vulnerables de la población. Explicó que mientras un ciudadano con recursos financieros altos puede costear viajes a Caracas, contratar a especialistas de renombre y acudir directamente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer recursos de casación, amparos o avocamientos, el ciudadano de a pie se encuentra indefenso.

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