Venezolanos entre dos orillas: crimen, justicia y oportunidad
En los últimos años se ha hecho visible una realidad que exige una respuesta firme y equilibrada. Una pequeña minoría de ciudadanos venezolanos ha cometido fraudes bancarios, estafas, captación indebida de fondos y legitimación de capitales en el extranjero, aprovechando estructuras financieras internacionales. Algunos, tras las políticas migratorias restrictivas y las investigaciones abiertas en países como Estados Unidos, han intentado regresar a Venezuela trasladando grandes capitales de origen ilícito, bajo la apariencia de inversiones o emprendimientos.
El mensaje debe ser claro: Venezuela no es refugio de impunidad. Quien haya delinquido fuera de nuestras fronteras debe saber que aquí también le espera la justicia. El artículo 69 de la Constitución prohíbe la extradición de venezolanos, pero eso no significa protección para el delito. Si existen pruebas y evidencias de que un ciudadano nacional cometió actos ilícitos en el exterior, será investigado y juzgado en Venezuela conforme a nuestras leyes. Nadie está por encima de la ley.
La República puede ejercer su jurisdicción penal en virtud de los tratados internacionales suscritos, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y los acuerdos de cooperación judicial y asistencia mutua. A través de estos mecanismos, el Estado puede solicitar pruebas, congelar o repatriar activos y coordinar investigaciones con otros países cuando se trate de delitos financieros o de delincuencia organizada.
Debe recordarse que se trata de una minoría. La gran mayoría de los venezolanos que viven fuera del país son personas trabajadoras y honestas que han representado con dignidad el nombre de Venezuela. Pero quienes usaron la migración como escudo para delinquir y ahora buscan refugio aquí deben entender que la justicia los alcanzará. En Venezuela nadie está al margen de la ley. Quien cometa delitos dentro o fuera de nuestras fronteras deberá pagar por ellos.
Abg. Juan Pablo Montiel Almeida
@juanpablomontielalmeida
